La protección procesal del consumidor y el orden público comunitario

El orden público comunitario está integrado por los principios esenciales de la Unión Europea y tiene carácter imperativo. Es un concepto que debe ser integrado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en estos momentos ha declarado que forman parte del mismo la protección del consumidor y la defensa de la competencia. El contenido inicial se ha ampliado con la aprobación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los principios relativos a la libre circulación, no discriminación y medio ambiente.

Las normas que lo integran, en su condición de Derecho de la Unión, deben ser aplicadas por los Tribunales nacionales de conformidad con las normas procesales internas y de conformidad con los principios de equivalencia y de efectividad.

En ocasiones, las leyes procesales no lo permiten y cuando se ha sometido la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado la inaplicación de normas procesales nacionales cuando es contraria a una norma que integra los principios esenciales de la Unión Europea.

En esta monografía se analiza el concepto de orden público comunitario y la incidencia que tiene en el proceso español. Concretamente la aplicación de oficio, la congruencia, la preclusión, la actividad probatoria de oficio, la carga de la prueba, la adopción de medidas cautelares de oficio, la congruencia de las sentencias y la cosa juzgada. A continuación, se desarrollan los mecanismos procesales que pueden ser utilizados para denunciar la vulneración de una norma de orden público comunitario.