Una nueva fundamentación de la doctrina jurisprudencial sobre el enriquecimiento injusto de la administración en las retenciones

La aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el enriquecimiento injusto para impedir que la Administración tributaria exija al retenedor que incumplió su obligación de practicar la retención, para que haga efectivo ese pago una vez que el contribuyente haya pagado la totalidad de la deuda tributaria, suscita problemas de acomodo en el ordenamiento jurídico; no tanto por el objetivo perseguido como por la argumentación jurídica aportada al ser necesario desvirtuar el principio de autonomía entre la obligación tributaria del contribuyente y la obligación del retenedor. En el presente estudio se pretende enmendar este conflicto cuyo origen está en que tanto la jurisprudencia como la doctrina han puesto el objeto de estudio en la interrelación entre ambas obligaciones. El autor pone en relación cada una de ellas por separado con el derecho de crédito de la Administración, para así poder llegar a la misma conclusión que el Tribunal Supremo, pero con un razonamiento jurídico más acorde a las normas, lo que permite la aplicación de sanciones sin necesidad de acudir a subterfugios jurídicos. 

The application of the Supreme Court’s doctrine about unjust enrichment to stop the Tax Administration from demanding the withholder -who did not meet his/her obligation to perform the withholding-, to make the payment once the taxpayer has fully canceled the full tax debt, brings up issues about its placement in the legal system; not so much because of its goal but because of the legal argument it causes since it is necessary to detract from the principle of autonomy between the tax obligation of the taxpayer and the withholder’s obligation. The goal of this research is to fix this conflict that originates because both, Jurisprudence and Doctrine have based the focus of the study in the interrelation amongst both obligations. The author separates them and puts them both separately in relation with the Administration’s right to credit, in order to get to the same conclusion tan the Supreme Court reached but with a legal reasoning according to law which allows penalties without the need to use any legal subterfuge.