El pasado mayo se aprobó el Real Decreto 444/2024, de 30 de abril, también conocida como “Ley de influencers” cuyo objetivo es regular los requisitos para que un usuario sea considerado de especial relevancia en los servicios de intercambio de vídeos a través de plataformas como YouTube, Instagram o TikTok. Este decreto desarrolla el artículo 94 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual.
El artículo 1 del decreto comunica que el decreto ley se aplica a aquellos usuarios que cumplen con los requisitos de ingresos y audiencia simultáneamente. Se consideran ingresos significativos aquellos iguales o superiores a 300.000 euros anuales, pueden provenir de diferentes fuentes tales como comunicaciones comerciales, pagos de plataformas, subvenciones públicas o cuotas de audiencia. El usuario debe tener al menos 1.000.000 de seguidores en una plataforma o 2.000.000 en varias plataformas para ser considerado de especial relevancia.
A través de la inscripción realizada por el portal oficial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital las autoridades pueden monitorizar y supervisar a los usuarios asegurándose de implementar las medidas para la protección de público y el cumplimiento de las normativas vigentes.
La protección al menor es el principal motivo
El decreto ley ha sido establecido para que estos usuarios cumplan con unas normas adicionales debido a su influencia y alcance con especial protección a los menores de edad. Estos deben respetar los principios generales de la prestación del servicio de comunicación audiovisual, lo que incluye las leyes de protección de menores y las comunicaciones comerciales audiovisuales.
En concreto, el artículo 88 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, establece a los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma la obligación de adoptar medidas para proteger a los menores de edad de programas, vídeos generados por usuarios y comunicaciones comerciales audiovisuales que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o moral.
Estas medidas fomentan igualmente la transparencia, veracidad y responsabilidad en las plataformas de intercambio de vídeos, además de la oportunidad de establecer una profesionalización en el ámbito de creadores de contenido.