Algoritmización de la justicia penal

Esta monografía es fruto de la participación colectiva de un elenco de figuras relevantes de la academia y la abogacía que, en el curso académico 2022/2023, bajo la supervisión científica del Prof. Dr. David Vallespín y la Profa. Dra. Noemí Jiménez, y la financiación del Observatori de Dret Públic (IDP Barcelona)–convocatoria competitiva de proyectos de investigación 2022-, han enfrentado el análisis de los principales retos y desafíos que plantea la aplicación de la inteligencia artificial en la justicia penal.

Una algoritmización que, en pleno siglo XXI y al hilo de la revolución industrial 4.0, genera tanta fascinación como desconfianza. En este contexto, con un enfoque claramente transversal e interdisciplinar (participan procesalistas, constitucionalistas, filósofos del derecho, ingenieros, matemáticos, internacionalistas y penalistas), se recogen una amplia heterogeneidad de estudios que tienen que ver con el uso ético de la IA en el proceso penal, la utilización del test P-300, las deepfakes, las implicaciones de la robotización de la justicia en relación al ejercicio de los derechos de defensa, a la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo, y a no confesarse culpable, el peligro de los sesgos en un mundo digital, el sistema VioGÉN, la auditoría del funcionamiento de la justicia penal fundada en algoritmos, la minería de datos, la policía predictiva, VERIPOL, los peligros delictivos que derivan del uso del ChatGPT, las fórmulas alternativas de resolución de conflictos (justicia restaurativa), o el uso de la IA y sus repercusiones, con implicaciones también penales, en el ámbito del Derecho de la Empresa y los Negocios, con especial referencia a lucha efectiva contra el blanqueo de capitales.

Una obra, por tanto, escrita hoy, pero pensando en un futuro inmediato que, a buen seguro, puede resultar de utilidad a los estudiosos del Derecho, así como también a todos aquellos profesionales jurídicos (en particular a los abogados, procuradores, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia y demás personal al servicio de la justicia), que deberán manejarse ante un nuevo escenario presidido por la robotización judicial y en el que no pocos derechos fundamentales, también de naturaleza procesal, pueden resultar, de no blindarse con las adecuadas garantías, más que comprometidos en el desarrollo de las diferentes etapas que configuran nuestro enjuiciamiento criminal.