La toma de muestras de ADN a los condenados por delitos graves. Análisis del artículo 129 bis del Código Penal

La irrupción de las modernas tecnologías y, en concreto, de la prueba de ADN en el proceso penal ha supuesto una verdadera revolución y ha facilitado enormemente el trabajo de los investigadores en casos criminales que antes eran enormemente complicados. No obstante, unido a esto, también aparecen numerosos retos y desafíos a los que ha de darse una respuesta acertada, eficaz y respetuosa con los derechos fundamentales afectados en todo procedimiento penal.
Nos encontramos aquí con el trasfondo de un viejo debate: al que se enfrentan las autoridades ante las nuevas formas de criminalidad organizada, terrorismo, delincuencia transfronteriza, etc. a la hora de proteger la seguridad de los ciudadanos y, a su vez, la necesidad de preservar nuestras libertades democráticas y los derechos básicos de las personas.
El presente trabajo se centra en el estudio del artículo 129 bis del Código Penal, introducido por la LO 1/2015, de 30 de marzo, analizando con detenimiento y desde una perspectiva eminentemente práctica, la trascendencia jurídica y social que ha supuesto la introducción de este precepto en nuestro ordenamiento jurídico.