El cese en la prestación de servicios para la Administración pública. Diferencias y similitudes entre la jurisdicción social y la contencioso–administrativa

En los últimos tiempos asistimos a una cada vez más generalizada aplicación de lo que se viene conociendo como “criterio Diego Porras” a múltiples tipos de relaciones laborales de naturaleza temporal, independientemente de la naturaleza pública o privada del empleador. En particular, puede decirse que ya existe una tendencia uniforme de nuestros jueces y tribunales a reconocer una indemnización de 20 días de salario por año trabajado en los casos de extinción de un contrato de trabajo en régimen de interinidad, bien por cobertura definitiva de la plaza que se ocupaba, bien por reincorporación de la persona a la que, circunstancialmente, se estaba sustituyendo. Pero la interpretación que se está convirtiendo en dominante en el ámbito de la jurisdicción social, no siempre rige ante la jurisdicción contencioso–administrativa. En particular este trabajo se dedica a analizar la figura del funcionario interino y las consecuencias indemnizatorias derivadas de su cese.

In recent times, courts perform a widespread application of the “Diego Porras criterion” to multiple types of temporary jobs, regardless of the public or private nature of the employer. In particular, there is a uniform trend of our judges and courts to recognize compensation of 20 days of salary per year worked in cases of termination of a contract of employment under interim regime, or for final coverage of the position that was occupied, either by reincorporation of the person to whom, circumstantially, it was being replaced. But the interpretation that is becoming dominant in labor courts, does not in the administrative courts. In particular, this paper analyzes the figure of the interim official and the indemnity consequences derived from his dismissal.