La extinción de la propiedad horizontal y el impuesto sobre actos jurídicos documentados cuota gradual

El presente trabajo tiene por objeto examinar la eventual sujeción al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, en su cuota gradual, de un supuesto que ha sido objeto de gravamen tradicionalmente por la Administración tributaria: la extinción de la propiedad horizontal de edificios, y en especial, de aquellos previamente declarados en ruina administrativa, que se hubiese formalizado en escritura pública. A tal fin, partiendo de una premisa de abandono del carácter puramente documental del objeto del impuesto y realzando la importancia del acto jurídico formalizado, examinaremos la concurrencia, dudosa a nuestro juicio, de dos de los requisitos exigidos por el artículo 31.2 del Texto Refundido de la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a efectos de realización del hecho imponible. De un lado, la exigencia, olvidada en multitud de ocasiones, de que haya un verdadero acto o contrato, productor de efectos jurídicos sustantivos y propios, en el documento notarial formalizado; y de otro, el contenido “valuable” del mismo. 

This paper analyzes the subjection to the tax on documented legal acts in its gradual tax liability, of a case that has been traditionally taxed by the tax administration: the extinction of the horizontal property of buildings, formalized in a public deed, particularly of buildings previously declared in administrative ruin. For this purpose, giving up the documentary thesis about the nature of the tax on documented legal acts and underlining the importance of the legal act, we will examine the doubtful concurrence, in our view, of two requirements demanded by the article 31.2 of the Revised Text of the Tax on Capital Transfers and Documented Legal Acts Law for the realization of the taxable event. On the one hand, a requirement that has been forgotten on many occasions: the fact of having a real act or contract, which produces substantive legal effects, formalized in a public deed; and on the other, the presence of an economically assessable act.