Interpretación de la cláusula de beneficiario efectivo en la directiva sobre intereses y cánones y la virtualidad del principio de prohibición del abuso de derecho en el ordenamiento europeo. Análisis de la STJUE de 26 de febrero de 2019, N Luxembour

El pasado 26 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo públicas sus decisiones acerca de la interpretación del concepto de beneficiario efectivo en las Directivas matriz-filial y de intereses y cánones a resultas de diversos casos planteados por los tribunales daneses. Es la sentencia referida a esta última directiva la que es objeto de examen en el presente comentario. La posición del Tribunal ha sido innovadora en lo relativo al análisis de la relación entre el Derecho de la Unión y los comentarios al Modelo de Convenio de la OCDE, la identificación de un principio general de lucha contra las prácticas fraudulentas y abusivas en el Derecho primario de la Unión que no requiere de desarrollo normativo y el establecimiento de diversos indicios para considerar la existencia de estas prácticas abusivas. Además, se examina la compatibilidad de diversas previsiones del ordenamiento danés con las libertades fundamentales y el acceso a los beneficios de la Directiva por parte de entidades transparentes desde la perspectiva fiscal.

On 26 February, the Court of Justice of the European Union ruled on the interpretation of the concept of beneficial owner in the context of both the Parent-Subsidiary and the Interest and Royalties Directives with respect to several cases referred by Danish courts. In this commentary, the judgment of the Court of Justice regarding the interpretation of this concept in the Interest and Royalties Directive is analyzed. The judgment of the Court introduces some novel approaches regarding the relation between the OECD Model Convention and EU Law, the existence of a general principle to restrict the access to EU rights in cases of abusive or fraudulent practices irrespective of the domestic implementation of antiabuse provisions, and the identification of different evidences to regard a practice as abusive or fraudulent. In addition to the former, in this judgment the Court of Justice analyzes the compatibility of different Danish provisions with the fundamental freedoms and the access to the Directive’s benefits in the case of fiscally transparent entities.