La inmigración laboral del extranjero en el Derecho penal

Pese a la existencia de una política de marcado carácter policial y represivo frente al inmigrante ilegal, que no ha sido capaz de frenar el creciente flujo de entrada de «indocumentados», la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, persevera en esa represión contra el «ilegal». Como señala la Exposición de Motivos, la reforma lleva a cabo «una tarea de consolidación y perfeccionamiento» de las medidas relativas a la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración clandestina. Lo que se traduce, entre otros instrumentos que se prevén, en el aumento del marco penal para los que colaboren en la entrada, circulación y estancia irregulares de extranjeros «sean o no trabajadores». Pues bien, en el Código penal coexisten varias figuras delictivas que sancionan la intervención en el traslado transfronterizo de extranjeros «ilegales». Todas ellas giran en torno al fenómeno migratorio, a los desplazamientos de personas que buscan establecerse, de modo temporal o permanente, en país distinto al de su procedencia, un movimiento que está esencialmente condicionado por factores económicos…