Allá por el año 1782, en una ciudad de las sierras del Virreinato del Perú, un español pobre inicia un juicio contra un comerciante del lugar para obligarlo a venderle su esclava mulata. El argumento en el que funda su petición es notable: "se da el caso, su Señoría -le dice al Juez- que ésta su esclava es mi mujer".

Queda así planteada una contienda judicial que enfrentará irremisiblemente dos instituciones fundamentales de la sociedad colonial: familia y propiedad.