2.1. La injusta exclusión del maltratado empresario
2.2. Personas físicas consumidoras
    2.2.1. El usuario como destinatario final o la evolución del concepto de consumidor. Posición actual de la jurisprudencia y fisuras en la nterpretación del concepto de consumidor
    2.2.2. Cualificación del consumidor
    2.2.3. Ánimo de lucro y personas físicas consumidoras
    2.2.4. Avalistas y fiadores. Posibilidades de intervención
    2.2.5. Socios cooperativistas de viviendas
    2.2.6. Préstamos con uso mixto: profesional y privado
    2.2.7. Carga de la prueba de la condición de consumidor
2.3. Personas jurídicas consumidoras
    2.2.1. El ánimo de lucro de las personas jurídicas
2.4. Entidades sin personalidad jurídica

3.1. Autonomía de las partes versus justo equilibrio
3.2. Normativa sobre condiciones generales de la contratación
3.3. Ámbito de aplicación
3.4. Requisitos de incorporación de las condiciones generales de la contratación
    3.4.1. Falta de incorporación o primer control de transparencia
3.5. Reglas interpretativas
3.6. El control de las condiciones generales de la contratación

4.1. Principio general de transparencia
4.2. Parámetros para la valoración de la transparencia en la cláusula IRPH
    4.2.1. Primer acto: negación del control de abusividad por el Tribunal Supremo
    4.2.2. Segundo acto: los infatigables defensores frente al dogma. Peregrinando al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
    4.2.3. Tercer acto: resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y traslación de su doctrina. Procedencia del control de abusividad
    4.2.4. Epílogo. Sísifo y el IRPH: vuelta a Europa

5.1. Imprescriptibilidad de la acción
5.2. Inaplicación de la doctrina de los actos propios
5.3. Inaplicación de la doctrina del retraso desleal

6.1. Principio de efectividad
6.2. Aplicación supletoria al índice IRPH

7.1. Jurisdicción y competencia
7.2. Capacidad y legitimación
    7.2.1. Principio de actuación en beneficio de la comunidad. Ausencia de necesidad de intervención como demandantes de todos los prestatarios, deudores no hipotecantes o fiadores
    7.2.2. ¿Existen “consumidores cualificados” que no merezcan la especial protección del TRLGDCU?
    7.2.3. Subrogaciones, modificaciones o ampliaciones
    7.2.4. Grupos de Empresas y sucesión universal por absorción.
7.3. Postulación y representación
7.4. Procedimiento
7.5. Cuantía
7.6. Objeciones procesales habituales y argumentos para superarlas
    7.6.1. Préstamos cancelados. Subsistencia del interés legítimo para la declaración de nulidad de condiciones que pueden conllevar el reintegro de cantidades al usuario
    7.6.2. Inexistencia de preclusión por la formulación de otra demanda previa de nulidad de condiciones generales de la contratación respecto de otra cláusula dle mismo préstamo hipotecario
    7.6.3. Inexistencia de cosa juzgada por sentencias firmes anteriores que siguen la doctrina de la STS 669/2017 de 14 de diciembre. Falta de pronunciamiento sobre el carácter abusivo de la cláusula IRPH
7.7. Valoración de la prueba
    7.7.1 Predisposición de la estipulación
    7.7.2. Existencia de oferta vinculante previa, FIPER o lectura del notario
    7.7.3. Caracteres tipográficos de la cláusula o letra negrita
    7.7.4. Diligencia del bonus argentarius. Carga de la prueba de la correcta información y del asesoramiento
    7.7.5. Carga de la prueba de la condición de consumidor
    7.7.6. Pertinencia, utilidad y valor de la testifical del empleado de la entidad financiera
    7.7.7. Viviendas o locales alquilados y financiación de “lofts” de uso industrial
    7.7.8. Finalidades ambiguas del préstamo hipotecario: “refinanciación”; “desfases de liquidez” o “cancelación de operaciones anteriores”
    7.7.9. Préstamos hipotecarios celebrados en el marco de convenios con colectivos específicos
    7.7.10. Empleados de banca y familiares
7.8. Costas procesales
    7.8.1. Del vencimiento objetivo
    7.8.2. De la mala fe o temeridad. Condena en casos de allanamiento
    7.8.3. Existencia de serias dudas de hecho o de derecho
    7.8.4. Impugnación de tasación de costas por la entidad financiera

8.1. Reclamación previa a la entidad financiera
8.2. Modelo de conciliación judicial
8.3. Modelo simplificado de demanda de nulidad de IRPH
8.4. Solicitud de declaración de rebeldía de la entidad demandada
8.5. Escrito de alegaciones en contra de la exoneración de costas en caso de allanamiento de la entidad tras requerimiento previo
8.6. Escrito de oposición a suspensión de vista por alegación de la entidad de coincidencia de otros señalamientos
8.7. Solicitud de homologación judicial de acuerdo
8.8. Demanda de ejecución de sentencia por IRPH
8.9. Recurso de apelación por ausencia de imposición de costas a la entidad
8.10. Oposición a recurso de apelación cláusula suelo