Resumen del libro

No cabe duda que la reforma del Código Penal de 2015 refuerza la realizada en el año 2010 y consolida en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero lógicamente, para que la persona jurídica pueda ser declarada penalmente responsable debe haber sido enjuiciada previamente. Si bien el legislador penal introdujo en la última reforma importantes novedades, el proceso penal, salvo las insuficientes medidas introducidas en el año 2011, adolece de múltiples interrogantes que deben ser analizados exhaustivamente para obtener la mejor respuesta posible. Con el citado propósito, la presente obra configura el proceso penal de la persona jurídica (jurisdicción, competencia, denuncia, capacidad, representación, investigación, prueba, medidas cautelares,…) y aborda, con un tratamiento integral y en todos los estadios del proceso, los programas de cumplimiento penal o compliance como elemento clave en la determinación de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO II. EL RÉGIMEN PROCESAL

CAPÍTULO III. LA JURISDICCIÓN

CAPÍTULO IV. LA COMPETENCIA

CAPÍTULO V. LA DENUNCIA

CAPÍTULO VI. PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES

CAPÍTULO VII. LA IMPUTACIÓN

CAPÍTULO VIII.  ALGUNAS CUESTIONES RELATIVAS A LA LEGITIMACIÓN  ACTIVA Y A LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS

CAPÍTULO IX. EL DERECHO DE DEFENSA

CAPÍTULO X. LA PRETENSIÓN PENAL

CAPÍTULO XI. LA PRETENSIÓN CIVIL

CAPÍTULO XII. LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO XIII. LA PRUEBA

CAPÍTULO XIV. LA SENTENCIA

CAPÍTULO XV. LA EJECUCIÓN

CAPÍTULO XVI. LAS MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO XVII. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA 

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Citación Chicago
Gimeno Beviá, Jordi. Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas : Adaptada a las reformas de CP y LECrim de 2015, Circular FGE 1/2016 y jurisprudencia del TS. 1ª ed. Navarra: Civitas, 2016.

Citación APA
Gimeno Beviá, Jordi (2016). Compliance y proceso penal. El proceso penal de las personas jurídicas : Adaptada a las reformas de CP y LECrim de 2015, Circular FGE 1/2016 y jurisprudencia del TS. Civitas.