Resumen del libro
Adaptación práctica de la reforma de la legislación procesal en materia de la jurisdicción contencioso-administrativa, operada en virtud de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal. Concordada con la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-administrativo. Exposición de motivos. Título primero. Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. I. Ámbito. II. Órganos y competencias. III. Competencia territorial de los juzgados y tribunales. IV. Constitución y actuación de las salas de lo contencioso-administrativo. V. Distribución de asuntos. Título II. Las partes. I. Capacidad procesal. II. Legitimación. III. Representación y defensa de las partes. Título III. Objeto del recurso contencioso-administrativo. I. Actividad administrativa impugnable. II. Pretensiones de las partes. III. Acumulación. IV. Cuantía del recurso. Título IV. Procedimiento contencioso-administrativo. I. Procedimiento en primera o única instancia. II. Procedimiento abreviado. III. Recursos contra resoluciones procesales. IV. Ejecución de sentencias. Título V. Procedimientos especiales. I. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. II. Cuestión de ilegalidad. III. Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos. Título VI. Disposiciones comunes a los títulos IV y V. I. Plazos. II. Medidas cautelares. III. Incidentes e invalidez de actos procesales. IV. Costas procesales. Anexos. I. Normas aplicables sobre jurisdicción social. II. Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen en Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. III. Procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. IV. Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
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Incorpora anexo con Ley 30/1992