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Nuevo régimen jurídico del sector público 2016

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  • Gosálbez Pequeño, Humberto.
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    • Editorial: CISS
    • ISBN: 978-84-7052-715-9
    • Páginas: 540
    • Encuadernación: Rústica
    • Fecha de la edición: 2016
    • Edición: 1ª ed.
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    Resumen del libro

    La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público aspira a convertirse al igual que su ley pareja, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- en uno de los pilares sobre los que se asentará el Derecho Administrativo español, según proclama el legislador en el Preámbulo. 

    La Ley 40/2015 es la primera ley de la nueva regulación general de la organización administrativa, porque sustituye el régimen jurídico básico de las Administraciones Públicas establecido en la Ley 30/1992 derogado, por cierto, por la Ley 39/2015- y también el régimen jurídico del sector público estatal contenido en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. La trascendencia jurídica y también socioeconómica- de la nueva norma reguladora de la estructura organizativa y las relaciones ad intra del sector público español es evidente. 

    Pero no sólo es organización y funcionamiento interno lo que se establece en la Ley 40/2015. Sorprendentemente, también contiene el nuevo régimen jurídico básico de la potestad administrativa más incisiva para los ciudadanos: la potestad sancionadora; eso sí, la Ley 40/2015 lo compensa abordando el régimen jurídico-administrativo de la responsabilidad patrimonial del sector público: ambas constituyen materias esenciales del Derecho administrativo que, como acertadamente ha subrayado el prologuista y Catedrático de Derecho administrativo, Luis Cosculluela Montaner, no tienen precisamente una pura signifi- cación meramente organizativa. 


    Índice

    CAPÍTULO 1. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público.

    Pizarro Nevado, Rafael

    1. Consideraciones generales

    1.1. Por su contenido es una reforma poco ambiciosa    

    1.2. Una reprobable separación en dos textos legales     

    1.3. La controvertida atribución de competencia del Estado     

    2. Objeto de la LRJSP y contenido del Título preliminar             

    3. Ámbito subjetivo. El concepto de sector público en la LRJSP              

    3.1. Entes que integran el sector público 

    3.1.1. Las Administraciones Públicas        

    3.1.2. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas

    3.1.3. Las Universidades públicas  

    3.2. Tratamiento de los órganos constitucionales del Estado y de los órganos autonómicos análogos 

    3.3. Aplicación supletoria a otros entes administrativos 

    3.3.1. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal

    3.3.2. Las Autoridades Portuarias y el Organismo Público Puertos del Estado

    3.3.3. Las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social         

    3.3.4. La Agencia Estatal de Administración Tributaria   

    3.3.5. El Centro Nacional de Inteligencia

    3.3.6. El Banco de España

    4. Los principios de actuación y de funcionamiento del sector público               

    5. La personalidad jurídica y el carácter vicarial de las Administraciones Públicas

    6. Régimen de los órganos administrativos      

    6.1.Órganos y unidades administrativas  

    6.2. Atribución de competencias 

    6.2.1. Conflictos de atribuciones   

    6.2.2. Desconcentración     

    6.3. Técnicas de alteración del ejercicio de la competencia        

    6.3.1. Delegación de competencias

    6.3.2. Avocación     

    6.3.3. Encomienda de gestión

    6.3.4. Delegación de firma

    6.3.5. Suplencia      

    6.4. Instrucciones y órdenes de servicio

    6.5. Órganos colegiados   

    6.5.1. Normas aplicables a los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas   

    6.5.2. Normas aplicables a los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes

    6.6. Órganos consultivos  

    6.7. Abstención y recusación       

    7. Principios de la potestad sancionadora         

    7.1. Principio de legalidad           

    7.2. Principio de tipicidad

    7.3. Irretroactividad         

    7.4. Responsabilidad y culpabilidad        

    7.4.1. Principios de responsabilidad personal y de culpabilidad

    7.4.2. Responsabilidad solidaria y subsidiaria       

    7.4.3. Otras consecuencias derivadas de la infracción      

    7.5. Principio de proporcionalidad          

    7.6. Prescripción de infracciones y sanciones      

    7.6.1. Prescripción de las infracciones       

    7.6.2. Prescripción de las sanciones           

    7.7. Concurrencia de sanciones. Non bis in idem  

    8. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas

    8.1. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas      

    8.2. Responsabilidad por actos del Poder Legislativo    

    8.2.1. Responsabilidad declarada por una norma con rango de ley          

    8.2.2. Responsabilidad derivada de una ley declarada inconstitucional  

    8.2.3. Responsabilidad derivada de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea        

    8.3. Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia

    8.4. Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional      

    8.5. Responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos      

    8.6. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas     

    8.7. Indemnización           

    8.8. Responsabilidad de Derecho Privado          

    8.9. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas        

    9. Funcionamiento electrónico del sector público        

    9.1. Consideraciones generales    

    9.2. La sede electrónica    

    9.3. Portales de internet   

    9.4. Identificación y firma electrónica de las Administraciones Públicas          

    9.4.1. Sistemas de identificación de las Administraciones Públicas         

    9.4.2. La actuación administrativa automatizada  

    9.4.3. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas

    9.4.4. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación

    9.4.5. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica 

    9.5. Archivo electrónico de los documentos       

    10. Los convenios          

    10.1. Definición de la figura y objetivos de la reforma  

    10.2. Sujetos que pueden celebrar convenios      

    10.3. Objeto y fin de los convenios         

    10.4. Tipos de convenio   

    10.5. Contenido mínimo de los convenios          

    10.6. El control de los requisitos de validez de los convenios    

    10.6.1. Atención especial a las exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas          

    10.6.2. Trámites preceptivos para la suscripción de convenios     

    10.7. Eficacia y control del cumplimiento de los convenios       

    10.8. Extinción de los convenios 

    10.9. La adaptación de los convenios vigentes   

     

    CAPÍTULO 2. La Administración General del Estado

    Galán Vioque, Roberto

    1. Introducción

    2. El tránsito de la Administración central del Estado a la actual Administración General del Estado

    2.1. Las primeras transformaciones de la Administración estatal durante la transición política

    2.2. Las primeras reformas administrativas en la Administración del Estado tras la culminación del proceso de constitución de las Comunidades Autónomas

    2.3. La aprobación de las Leyes del Gobierno y de Organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

    3. La Administración General del Estado en la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público

    3.1. La posición del Gobierno en la Administración general del Estado: la incompleta integración de la Presidencia del Gobierno dentro de la Administración General del Estado

    3.2. La estructura organizativa de la Administración General del Estado

    4. La organización central de la Administración General del Estado

    4.1. Aspectos generales de la organización de los Departamentos ministeriales

    4.2. Los órganos superiores

    4.2.1. Los Ministros

    4.2.2. Los Secretarios de Estado

    4.3. Los órganos directivos

    4.3.1. Los Subsecretarios

    4.3.2. Los Secretarios generales

    4.3.3. Los Secretarios generales técnicos

    4.3.4. Los Directores generales

    4.3.5. Los Subdirectores generales

    5. Organización territorial de la Administración General del Estado

    5.1. El mantenimiento de la estructura de la Administración periférica del Estado preexistente por parte de la nueva Ley de Régimen jurídico del Sector Público

    5.2. Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas

    5.3. Las Subdelegados del Gobierno en la Provincia

    5.4. Las peculiaridades de la organización territorial de la Administración General del Estado en Illes Balears, Canarias y en las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

    6. Breve referencia a la Administración General del Estado en el exterior

     

    CAPÍTULO 3. Organización y funcionamiento del sector público institucional (I)

    Boto Álvarez, Alejandra

    1. Introducción

    2. El concepto de sector público institucional

    3. Un régimen jurídico para el sector público institucional: expectativas

    4. La realidad: limitaciones derivadas del ámbito de aplicación y del carácter de la ley

    5. Lo efectivo (I): la regulación del sector público institucional

    5.1. Los principios generales de actuación

    5.2. El inventario de entidades del sector público institucional

    6. Lo efectivo (II): la regulación del sector público institucional estatal

    6.1. Entidades integrantes del sector público estatal: previsiones generales (y cuestiones peculiares)

    6.1.1. Las universidades no transferidas

    6.1.2. El sector público institucional estatal: definición orgánica vs. definición contable

    6.1.3. Funcionamiento y transformación de entidades del sector público institucional estatal

    6.1.4. Los medios propios

    6.1.5. Adaptación de entidades existentes y régimen transitorio

    6.2. Las entidades de derecho público (I): organismos públicos

    6.2.1. Los organismos públicos estatales como (pretendida) categoría dual

    6.2.2. Las disposiciones generales sobre los organismos públicos estatales

    6.2.2.1. Definición y caracteres

    6.2.2.2. Plan de actuación y estatutos

    6.2.2.3. Creación, fusión, disolución, liquidación y extinción

    6.2.2.4. Gestión compartida de servicios comunes

    6.2.2.4.1. Los organismos autónomos

    6.2.2.4. 2. Las entidades públicas empresariales

    6.3. Las entidades de derecho público (II): autoridades independientes

    6.3.1. La naturaleza de las autoridades administrativas independientes

    6.3.2. Las previsiones sobre su ámbito funcional

    6.3.3. Régimen jurídico

    6.3.4. Dos alumbramientos concretos y muchos olvidos, alguno con especial trascendencia

     

    CAPÍTULO 4. Organización y funcionamiento del sector público institucional (II)

    Gómez Jiménez, María Luisa

    1. Las sociedades mercantiles estatales

    1.1. Plan de reestructuración y racionalización del Sector Público Estatal

    1.2. El ejercicio de potestades administrativas por las Sociedades Mercantiles Estatales

    1.3. Principios rectores de las Sociedades Mercantiles Estatales

    1.4. Creación y extinción de las Sociedades Mercantiles Estatales

    1.5. Responsabilidad de los miembros de los Consejos de Administración de las Sociedades Mercantiles Estatales

    1.6. Régimen jurídico de la tutela de la Sociedad Mercantil Estatal

    2. Los consorcios

    3. Fundaciones del sector público estatal

    3.1. Concepto y Régimen jurídico

    3.2. Régimen de adscripción en las fundaciones, y protectorado

    4. Los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal

    4.1. Régimen jurídico y regulación

    4.2. Creación y extinción de los fondos carentes de personalidad jurídica en el sector público estatal

    4.2.1. Fondo para la promoción del Desarrollo (FONPRODE)

    4.2.2. Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento

    4.2.3. Fondo de Garantía de Pago de Alimentos

    4.2.4. Fondo Estatal de Inversión Local

    4.2.5. Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad

    4.2.6. Fondo de financiación a las Comunidades Autónomas

    4.2.7. Fondo de financiación a las Entidades Locales

    4.2.8. Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFAT)

    4.2.9. Fondo Financiero para la Modernización de la Infraestructura Turística (FOMIT)

    4.2.10. Fondo de Apoyo a la diversificación del Sector Pesquero y Acuícola

    4.2.11. Fondo de carbono para una economía sostenible

    4.2.12. Fondo de Apoyo para la Promoción y Desarrollo de Infraestructuras y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (FAAD)

    4.2.13. Fondo para Inversiones en el exterior (FIEX)

    4.2.14. Fondo para Inversiones en el exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)

    4.2.15. Fondo de Ayuda al Comercio Interior (FACI)

    4.2.16. Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM)

    4.2.17. Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización

    5. Conclusiones

     

    CAPÍTULO 5. LAS RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS

    Sánchez Sáez, Antonio José

    1. Introducción

    2. Los principios de las relaciones interadministrativas y su concreción jurídica, orgánica y funcional

    2.1. Introducción. El marco organizativo: España como Estado descentralizado

    2.2. Principios generales de las relaciones interadministrativas

    2.2.1. El principio de lealtad institucional

    2.2.2. El principio de colaboración

    2.2.2.1. Su indefinición terminológica

    2.2.2.2. La colaboración como principio consustancial a nuestro modelo organizativo de Estado. El carácter compartido del reparto de las competencias, como consecuencia de dicho modelo

    2.2.2.3. ¿Son distintas la colaboración y la cooperación?

    2.2.2.4. La colaboración como estadio deseable y previo a la coordinación

    2.2.2.5. El deber de colaboración entre las Administraciones Públicas (art. 141 LRJSP): la ponderación de la totalidad de los intereses públicos en el ejercicio de las competencias propias

    2.2.2.6. Técnicas de colaboración (art. 142 LRJSP)

    2.2.3. El principio de cooperación

    2.2.3.1. Sobre el concepto de cooperación

    2.2.3.2. La formalización de la cooperación interadministrativa y las técnicas de cooperación

    2.2.3.2.1. Los convenios interadministrativos como instrumentos formalizados de la cooperación interadministrativa

    2.2.3.2.2. Técnicas de cooperación interadministrativas

    2.2.3.2.2.1. La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Públicas.

    2.2.3.2.2.2. La participación en órganos consultivos de otras Administraciones Públicas.

    2.2.3.2.2.3. La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente.

    2.2.3.2.2.4. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas.

    2.2.3.2.2.5. La cooperación interadministrativa para la aplicación coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia.

    2.2.3.2.2.6. La emisión de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.

    2.2.3.2.2.7. Las actuaciones de cooperación en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesión de bienes, previstas en la legislación patrimonial.

    2.2.3.2.3. Órganos de cooperación

    2.2.3.2.3.1. La Conferencia de Presidentes (art. 146 LRJSP)

    2.2.3.2.3.2. Las Conferencias Sectoriales (arts. 147-152 LRJSP)

    2.2.3.2.3.3. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación (art. 153 LRJSP)

    2.2.3.2.3.4. Las Comisiones Territoriales de Coordinación (art. 154 LRJSP)

    2.2.4. El principio de coordinación

    2.2.4.1. Definición

    2.2.4.2. Diferencias entre coordinación y cooperación

    2.2.5. El principio de eficiencia

    2.2.6. El principio de responsabilidad de cada Administración pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos

    2.2.7. El principio de garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones

    2.2.8. El principio de solidaridad interterritorial

    2.3. El Derecho aplicable a las relaciones interadministrativas en las que una de las partes sea una Administración local

    2.3.1. Fuentes aplicables

    2.3.2. La subsidiariedad como principio básico de las relaciones entre las entidades locales y el resto de Administraciones territoriales

    3. Las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas

    3.1. Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas

    3.2. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad

    3.3. Reutilización de sistemas y aplicaciones propiedad de la Administración y transferencia de tecnología entre Administraciones

     

    CAPÍTULO 6. Modificaciones introducidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (Disposición final tercera)

    Galán Vioque, Roberto

    1. Introducción

    2. Ajustes introducidos en la regulación de la organización y funcionamiento del gobierno

    2.1. Novedades que afectan a la organización del Gobierno y sus Comisiones delegadas

    2.2. El reforzamiento de los órganos de apoyo y colaboración del Gobierno

    3. La nueva regulación de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria del gobierno

    3.1. Naturaleza jurídica de la nueva regulación de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria introducida en la Ley del Gobierno

    3.2. Régimen general aplicable a la iniciativa legislativa y al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno

    3.3. La exigencia de planificación y evaluación de la actividad normativa del Gobierno

    3.4. El procedimiento de elaboración de las normas con rango de Ley y reglamentos estatales

    3.4.1. El procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamentos estatales

    3.4.2. La tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la Administración General del Estado



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