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Tutela efectiva y derecho a la vivienda

Tutela efectiva y derecho a la vivienda ampliar imagen

  • Pérez Daudí, Vicente.
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    • Editorial: Atelier
    • ISBN: 9788418244360
    • Páginas: 248
    • Dimensiones: 17 cm x 24 cm
    • Plaza de edición: Barcelona , España
    • Encuadernación: Rústica
    • Idiomas: Español
    • Fecha de la edición: 2021
    • Edición: 1ª ed.
    Materias:

    Información detallada:

    Resumen del libro

    El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se relacionan en el proceso continuamente, produciéndose en algunas ocasiones tensiones entre ambos. El primero de ellos es un derecho fundamental, pero no tiene carácter absoluto. El segundo es un principio rector de la política social, por lo que no se puede alegar directamente ante los Tribunales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos los han amparado vinculándolo con el contenido de un derecho fundamental. En la Unión Europea tampoco se reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, pero se ha protegido indirectamente a través de la protección de su titular como consumidor en los contratos de préstamos hipotecarios realizados para su adquisición.
    Estos criterios en la protección del derecho a la vivienda digna interactúan con el proceso civil en sus distintas etapas. Con carácter general se protege el acceso a la resolución de los conflictos potenciando los ADR en materia de vivienda y consumo. En el proceso de declaración se confunde con la protección del consumidor influyendo en las facultades procesales del juez.
    En este ámbito se produce el conflicto entre las sentencias nacionales firmes y la doctrina del TJUE cuando realiza una interpretación distinta a las primeras. Es en el proceso de ejecución en el que la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna se tensiona debido a que la vivienda social existente es insuficiente para ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por el desahucio de su vivienda. Ha sido el legislador, tanto estatal como autonómico, el que la ha regulado aplicando el principio de proporcionalidad. Sin embargo, al ser dos derechos para el que son competentes el Estado y las Comunidades Autónomas se ha producido una alta conflictividad competencial. Ésta ha provocado que las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas que afectaban a normas procesales hayan sido declaradas inconstitucionales o reinterpretadas por el Tribunal Constitucional.
    La finalidad de esta monografía es analizar estos aspectos y ofrecer opciones para avanzar en la regulación de la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vivienda digna.


    Índice

    1. INTRODUCCIÓN

    2. EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

    2.1. El carácter de principio rector de la política social y económica del derecho a la vivienda digna en la Constitución Española

    2.2. El derecho a la vivienda en la Unión Europea

    2.3. El derecho a la vivienda digna en los tratados internacionales de ámbito europeo y su aplicación en el derecho español

    2.4. El derecho a la tutela judicial efectiva y la relación con el derecho a la vivienda digna

    3. LAS PRINCIPALES MANIFESTACIONES PROCESALES DE LA RELACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. INTRODUCCIÓN

    3.1. El carácter de orden público de la protección del consumidor y su posible limitación

    3.2. La obligación del juez nacional de analizar de oficio la abusividad de una cláusula en un contrato en el que una de las partes sea un consumidor

    4. EL ACCESO A LA JUSTICIA

    4.1. El acceso a la justicia de las personas afectadas por un proceso que tiene por objeto su vivienda habitual

    4.2. El acceso a la justicia del consumidor

    4.3. El acceso a la justicia y la brecha digital

    5. LOS ADR EN MATERIA DE VIVIENDA Y CONSUMO

    5.1. Introducción

    5.2. El fomento de los ADR y ODR en materias de vivienda y consumo

    5.3. Los motivos del fomento de los ADR y ODR en materia de consumo

    5.4. Los ADR y ODR como mecanismo de acceso a la resolución de conflictos y como instrumentos de igualdad entre las partes

    5.5. La independencia de los órganos responsables de la solución extrajudicial de los conflictos de consumo

    5.6. El carácter obligatorio ope legis de los ADR en materia de vivienda y consumo

    5.7. La decisión automatizada del conflicto a través de un ODR

    5.8. Conclusiones

    6. LAS NOTIFICACIONES EN LOS PROCESOS EN LOS QUE ESTÁ AFECTADALA VIVIENDA, CON ESPECIAL REFERENCIA AL CONSUMIDOR

    6.1. La importancia de las notificaciones al demandado cuando el proceso tiene por objeto el lanzamiento de la vivienda habitual

    6.2. Regulación legislativa

    6.3. Aspectos problemáticos

    6.4. las consecuencias procesales de los errores en las comunicaciones electrónicas

    7. LA PRUEBA EN EL PROCESO DE CONSUMIDORES, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS PROCESOS QUE AFECTAN A LA VIVIENDA

    7.1. El consumidor, el orden público y los efectos procesales

    7.2. La actividad probatoria de oficio

    7.3. La protección del consumidor. entre las presunciones y la carga de la prueba

    7.4. Conclusiones

    8. LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS DEL TJUE Y LAS SENTENCIAS FIRMES DICTADAS EN PROCESOS NACIONALES, ESPECIALMENTE CUANDO TIENE POR OBJETO LA EXISTENCIA DE UNA CLAÚSULA ABUSIVA EN UN CONTRATO DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO

    8.1. Introducción

    8.2. La doctrina del TJUE y las cuestiones prejudiciales planteadas sobre los jueces nacionales sobre el alcance objetivo de la cosa juzgada

    8.3. Análisis de un caso concreto. los efectos de la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020 en los procesos nacionales firmes

    8.4. Soluciones al conflicto entre una sentencia del TJUE y las sentencias firmes dictada por tribunales nacionales

    9. EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y EL DERECHO A LA VIVIENDA

    9.1. Introducción

    9.2. La suspensión del lanzamiento de la vivienda habitual cuando concurran determinadas circunstancias

    9.3. El desahucio de personas en situación vulnerable

    9.4. Conclusión

    10. LOS EFECTOS PROCESALES DE LA LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN MATERIA DE VIVIENDA

    10.1. Introducción

    10.2. La regulación de los aspectos materiales de la función social de la propiedad y la delimitación con la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenación de la economía y ordenación del crédito

    10.3. La obligación de ofrecer un alquiler social antes o después de un proceso de ejecución hipotecaria o de desahucio por impago de la renta arrendaticia

    10.4. Aspectos procesales de la regulación autonómica de la función social de la propiedad

    BIBLIOGRAFÍA




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