A través de la Ley 16/2012 se habilitó la posibilidad de que los Ayuntamientos introdujeran en sus ordenanzas bonificaciones potestativas de hasta el 95% sobre dos de las principales figuras de la fiscalidad municipal, el IBI y el IAE, una medida ya existente en el ICIO. El requisito para acceder a ellas es la declaración de especial interés o utilidad municipal por el Pleno del Ayuntamiento. Acogiéndose a dicha posibilidad, el Ayuntamiento de Mérida, con el fin de favorecer la instalación de una planta azucarera de procesado de remolacha que supondrá la inversión de cientos de millones de euros, configura dichas bonificaciones potestativas con carácter general, pero condicionándolas a importantes niveles de inversión y empleo que suponen en la práctica una bonificación ad hoc.

Una competidora interpone el recurso aquí resuelto al considerar que dicha medida vulnera las limitaciones a la creación de bonificaciones potestativas a raíz del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero y que los aspectos sustantivos y formales de la bonificación, particularmente los porcentajes de bonificación crecientes por tramos de inversión, están en contra de los principios de capacidad económica e igualdad tributaria.

El TSJ de Extremadura desestima el recurso y avala la modificación de las ordenanzas al entender que el carácter social de la bonificación, que permite su creación incluso en el contexto de restricciones presupuestarias, está respaldado por el gran impacto económico del proyecto y que su regulación atiende a parámetros objetivos que no hacen sino ponderar dicho impacto. Del mismo modo, descarta la vulneración de cualquier principio de justicia tributaria.

Tras exponer el negativo impacto de estas bonificaciones en la propia autonomía local y los riesgos de su configuración por la vinculación al precedente, realizamos una valoración crítica de la escueta respuesta del Tribunal a cuestiones de relevancia y avanzamos la posible vulneración del propio régimen de ayudas de Estado con medidas de esta índole.

Spanish Law 16/2012 enabled the possibility for the municipalities to introduce in their local tax regulations an optional tax credit of up to 95% on two of the main figures of Spanish municipal taxation, the Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Land Tax) and the Impuesto sobre Actividades Económicas (Tax on Business Activities), a measure which already existing in the Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (Construction, Installations and Works Tax). The requirement to access them is the declaration of special municipal interest or public utility by the Plenary Meeting of the City Council. According to this possibility, the Municipality of Merida, in order to promote the installation of a sugar beet processing plant, configures these tax credits conditioning them to important levels of investment and employment.

A competitor appeals considering that these tax credits infringe the budget limitations after Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero and that the substantive and formal aspects of the tax credit, in particularly the increasing tax credit along with the investment are contrary to the principles of economic capacity and tax equality.

The Regional Superior Court of Extremadura rejects the appeal and supports the tax credits on the understanding that the neccesary social character of the tax credits is justified by the great economic impact of the project and that its regulations weigh that impact with objective parameters.

Once underlined the negative impact of these tax credits on the municipalities autonomy and the risks behind their configuration due to the link to the precedent cases, we made a critical assessment of the Court’s short response to relevant issues and advanced the possible violation of the State aid scheme with this kind of measures.

Palabras Clave:
bonificación potestativa, IBI, IAE, declaración de utilidad pública, ayudas de Estado.

Keywords:
Optional Tax Credit, Land Tax, Tax on Business Activities, Declaration of Public Utility, State Aid.

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