La prescripción preside todas las relaciones jurídicas encontrando su base en el principio de seguridad jurídica. Uno de los ámbitos en los que haya una específica aplicación es el deber de contribuir cuya instrumentación, a través del sistema tributario, genera relaciones entre la Administración y los obligados tributarios. A la Administración le corresponde, por mandato legal, velar por el exacto cumplimiento de ese deber atribuyéndole potestades jurídicas para comprobar que la situación de esos obligados se adecua a la ley. Estas potestades están delimitadas en todos sus aspectos en el ordenamiento jurídico pudiendo concretarlas material y temporalmente, siempre dentro de los parámetros constitucionales que presiden el deber de contribuir. Así, puede establecer los términos temporales dentro de los que deben ejercerse sin que quepa perder de vista la plena aplicación de uno de esos parámetros: la seguridad jurídica y, en consecuencia, la prescripción. Precisamente este trabajo trata esta cuestión a propósito de la reforma parcial de la Ley General Tributaria realizada por la Ley 34/2015.   

Palabras Clave:
Prescripción de las obligaciones y deberes tributarios. Potestades jurídicas. Potestad de liquidación y de recaudación. Comprobación e investigación. Deducción y cuantificación de bases y cuotas. Compensación de bases. Delimitación de la potestad. Alcance

índice:

I. Introducción. II. La reforma del artículo 115: incidencia en la prescripción: II.1. La prescripción de las obligaciones tributarias. II.2. Alcance de la modificación: II.2.1. El tiempo del ejercicio de las potestades de comprobación e investigación. II.2.2. El artículo 66: la aplicación a la potestad de comprobación e investigación. II.2.3. El nuevo artículo 66 bis: II.2.3.a Derecho a comprobar e investigar. II.2.3.b La cuantificación de las bases y las cuotas tributarias: comprobación y prescripción. II.2.3.c La prescripción: interrupción y ámbito material del ejercicio de la potestad de comprobación e investigación. 

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