Las subvenciones a la compra de automóviles (las últimas, las del Plan PIVE-5) presentan varios aspectos criticables desde la perspectiva de las fuentes del derecho utilizadas para su regulación. Por lo que respecta al descuento a cargo del concesionario (condición sine qua non para la aplicación de la subvención), consideramos que se trata de una “prestación patrimonial de carácter público” impuesta coactivamente (en el sentido dado a la coactividad por la doctrina del Tribunal Constitucional), en cuyo establecimiento se ha ignorado el principio de reserva de ley. Y por lo que respecta a la financiación del citado Plan mediante un crédito extraordinario aprobado por decreto-ley, creemos que se vulnera el diseño constitucional de la competencia presupuestaria alterando el reparto de funciones entre las Cortes y el Gobierno.

Subsidies to automobile acquisition (the latter , those of PIVE-5 program) present several questionable points from the perspective of the sources of law. We consider that the discount made by the authorized dealer (which is an essential condition for the application of the subsidy) is a property contribution for public purposes that is coactively imposed (according to how coactivity has been interpreted by the doctrine of Constitutional Court). Thus, the principle of legality has been ignored in its creation. As regards the funding of this program by means of an extraordinary budget appropriation approved by decree-law, we consider that the constitutional scheme of budgetary powers is violated, altering the allocation of functions between the Parliament and the Government.

Palabras Clave:
Subvenciones. Reserva de ley. Decreto-ley. Modificaciones presupuestarias

Keywords:
Subsidies. Principle of legality. Decree-law. Budget amendment

índice:

 I. Introducción. Plan PIVE. La prolongación recurrente de una medida exitosa, que beneficia al consumidor, al empresario, al medio ambiente y en última instancia a la Hacienda Pública.- II. La articulación norma-tiva de las ayudas sin ley alguna de soporte. El decreto-ley de consigna-ción presupuestaria y el decreto reglamentario de regulación del procedi-miento (Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero. Real Decreto 35/2014, de 24 de enero).- III. Vulneración del principio de reserva de ley.- IV. Vulneración de los límites materiales al decreto-ley, según la definición constitucional del principio de competencia presupuestaria.

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