Este artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo español vinculada con el principio de buena administración en dos ámbitos. El primero es la interacción entre el procedimiento de apremio y otras actuaciones vinculadas con la recaudación, como la gestión de aplazamientos, fraccionamientos, solicitudes de compensación o de pago en especie. El segundo, la prohibición de iniciar el procedimiento de apremio cuando haya un recurso de reposición pendiente de resolución, aunque no se haya pedido la suspensión del acto. Se analiza luego la reacción del legislador en ámbitos afectados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para, finalmente, proponer una serie de criterios para dotar de mayor coherencia al ejercicio de las potestades de recaudación.

This paper analyzes the Spanish Supreme Court case law on the principle of good administration regarding two fields. On the one hand, the interaction between the enforced collection procedure and other actions related to collection, such as tax deferrals, requests for compensation or payment in kind. On the other hand, the prohibition to initiate the enforced collection procedure when the same tax administration has an appeal pending resolution, even if the suspension of the act has not been requested. The paper also analyzes the recative measures taken by the legislature and, finally, proposes some criteria to provide greater coherence to the exercise of collection powers.

Palabras Clave:
buena administración, recaudación tributaria, procedimiento de apremio, aplazamiento y fraccionamiento, ejecutividad

Keywords:
good adminsitration, tax collection, enforced collection procedure, deferral of payments, enforceability

índice:

1. Introducción. 2. Interacción entre el procedimiento de apremio y otras actuaciones vinculadas con la función recaudatoria. 2.1. El aplazamiento o fraccionamiento de la deuda frente al procedimiento de apremio a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 2.2. La asimilación legal y jurisprudencial entre el pago y otras actuaciones tendentes a la extinción de la deuda. 2.3. Influencia de la actitud del deudor en la aplicabilidad del principio de buena administración. 3. Interacción entre el procedimiento de apremio y la revisión del acto apremiado. 3.1. La ejecución de una liquidación recurrida sin petición de suspensión. 3.2. La “contrarreforma” de la Ley 11/2021 en materia de suspensión. 4. A modo de conclusiones: criterios para priorizar unas actuaciones frente a otras. 4.1. Orden de preferencia entre el procedimiento de apremio y la revisión administrativa. 4.2. Orden de preferencia entre el procedimiento de apremio y otras actuaciones recaudatorias.

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