La Ley 34/2006, de 30 de octubre que regula el acceso a la profesión de abogado y su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, exigen que los licenciados en Derecho adquieran una formación adicional para poder ejercer la profesión de abogado y determinan la forma en que se adquiere y se verifica la adquisición de esta formación adicional. La iniciativa para ello ha partido de la sociedad y de la consideración de que la formación impartida en la universidad es insuficiente para actuar profesionalmente en la abogacía. En la puesta en práctica de estas medidas legales debe primar la calidad de la formación impartida a los abogados, y no la forma en que se imparte. Se plantea como reto de futuro la formación continua de los abogados, aspecto en que las grandes firmas de abogados son un modelo.

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