El presente artículo tiene por objeto el análisis de las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española introducidos por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, que entró en vigor el pasado 1 de noviembre de 2011. En el ámbito del proceso civil, el propósito principal de esta reforma es la agilización de la tramitación de los procesos, si bien el legislador ha aprovechado para realizar algunas mejoras técnicas. La Ley 37/2011 ha eliminado la existencia de una cuantía máxima para interponer un procedimiento monitorio. Además, ha realizado importantes cambios en el procedimiento de desahucio con el objeto de agilizarlo, ordenando el lanzamiento directo de los inquilinos cuando estos no se opongan a la demanda. En relación con los recursos, se establece un procedimiento de interposición directa en los recursos devolutivos y se modifican los motivos del recurso de casación. Finalmente, también se han producido relevantes cambios en el procedimiento de ejecución.

This article aims to analyse the amendments to the Spanish Civil Procedural Law implemented by Law 37/2001 of 10 October, which came into force on 1 November 2011. In relation to civil proceedings, the main purpose of the amendments is to speed up proceedings, although other technical amendments have also been introduced.Law 37/2011 has done away with the maximum amount requirement to initiate payment proceedings. It has also notably modified eviction proceedings so as to speed them up, ordering the direct eviction of tenants who do not oppose the claim. As regards appeals, a direct procedure is established for ordinary appeals (recurso de apelación) and appeals on points of law before the Supreme Court and the grounds for appeal in the latter are changed. Finally, enforcement proceedings have also been modified significantly.

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