La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011), cuya entrada en vigor se produjo el pasado 11 de diciembre, deroga el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Esta nueva ley procesal, si bien mantiene la estructura, numeración e incluso buena parte del articulado de la ya derogada Ley de Procedimiento Laboral, introduce importantes modificaciones. Por un lado, lo que constituye la principal novedad es la ampliación, racionalización y clarificación del ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, concentrando en este todas las materias que pueden calificarse como sociales. En segundo lugar, la nueva regulación se incardina en el Plan Estratégico de Modernización del Sistema de Justicia, y responde a la necesidad de reforma estructural de la Administración de Justicia española para garantizar un servicio más ágil, eficiente, transparente y de mayor calidad. Por último, la Ley pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la reforma laboral del año 2010 (Ley 35/2010, de 17 de septiembre), de forma que se atribuyan al orden social los recursos contra las resoluciones administrativas en materia de despidos colectivos, suspensión temporal de contratos y reducción de jornadas.

Law 36/2011 of 10 October, regulating the Labour Courts (Spanish Official Gazette of 11 October 2011), which entered into force on 11 December 2011, abrogates the previous law approved by Royal Decree Legislative 2/1995 of 7 April. Although this new law keeps the same structure, numbering and most of the former law’s articles, it introduces relevant changes. The main novelty affects the scope of the law, which has been extended, rationalised and clarified to cover all areas relating to the labour market. Secondly, the new law is part of the Strategic Plan to Modernise the Justice System, in response to the need for structural reform in the Spanish justice system to guarantee a more efficient, agile, transparent and better public service. Finally, the new law implements the provisions of the Labour Market Reform of 2010 (Law (35/2010, of 17 September). Thus, labour courts will hear appeals against decisions issued by the labour authorities on collective dismissals, temporary suspension of employment contracts and reduction of working time.

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