La reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de acompañar al escrito inicial del recurso Contencioso-Administrativo el acuerdo por el que el órgano competente de la persona jurídica decide el ejercicio de la acción
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El artículo 45.2.d) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa obliga a adjuntar al escrito inicial del recurso el documento que acredite el cumplimiento de los requisitos para entablar acciones las personas jurídicas. Desde la entrada en vigor de la Ley, la práctica judicial venía considerando, de forma ampliamente mayoritaria, que la aportación del poder general para pleitos era en todo caso suficiente para que se entendiera cumplido este requisito en los recursos interpuestos por sociedades mercantiles. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2008 dispone, sin embargo, que para cumplir este requisito no basta el simple poder general para pleitos, sino que es necesario acreditar de forma específica que la decisión de recurrir ha sido adoptada por el órgano competente. Declara asimismo el alto Tribunal que el recurso puede ser inadmitido si el presupuesto no se cumple; y que para ello no es preciso que haya mediado previo requerimiento del órgano jurisdiccional para subsanar, siendo suficiente que el defecto haya sido denunciado por alguna de las partes demandadas. Esta doctrina supone un cambio relevante sobre la previa práctica procesal contencioso- administrativa en este punto.
Article 45.2.d) of the Contentious-Administrative Jurisdiction Law establishes that the initial filing of the appeal must include a document evidencing that the requirements for legal entities to file a suit have been fulfilled. Since the Law entered into force, the widely accepted practice was that a general power of attorney was sufficient for companies to fulfil this requirement. However, the Supreme Court Judgment dated 5 November 2008 provides that in order to fulfil this requirement a standard general power of attorney is not sufficient. It is necessary to provide evidence that the decision to file the appeal was taken by the competent body of the legal entity. The Supreme Court also stated that an appeal may be rejected without a prior warning if this requirement is not fulfilled, a challenge by any of the defendants being sufficient. This new doctrine implies a significant change in contentious-administrative litigation practice.
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