Este artículo tiene por objeto analizar el nuevo marco legal de protección de los deudores hipotecarios existente tras las entrada en vigor, el pasado 15 de mayo de 2013, de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección de Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social («Ley 1/2013») por la que se introduce una serie de reformas de orden sustantivo y procesal en distintas disposiciones legales para «aliviar la situación de los deudores hipotecarios» —según dicción literal del preámbulo— que con-trataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual y que, hoy, en la actual coyuntura económica, encuentran dificultades para el cumplimiento de las obligaciones asumidas. El legislador ha aprovechado la oportunidad para adaptar nuestro ordenamiento procesal a los requerimientos del Derecho comunitario, especialmente tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») de 14 de marzo de 2013 que, en respuesta a una cuestión prejudicial sobre el procedimiento de ejecución hipotecaria español, declaró que la imposibilidad de plantear como motivo de oposición la eventual existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo debe reputarse contraria a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre Cláusulas Abusivas en Contratos Celebrados con Consumidores. Este artículo aborda el análisis de los aspectos principales del nuevo régimen legal, poniendo el acento en la incidencia de la reforma en el procedimiento de ejecución hipotecaria y en aquellas cuestiones que tienen que ver con la práctica procesal diaria.

This article is intended to analyze the new legal framework on the protection of mortgagors following the entry into force of the Law on Measures to Strengthen the Protection of Mortgagors, Debt Restructuring and Social Renting (Law 1/2013 of 14 May 2013). The Law introduces a number of procedural and substantive reforms on different legal provisions in order to «alleviate the situation of mortgagors», according to the wording of the Preamble, who took out a mortgage for the purchase of their main residence and who, in the current complex economic climate, experience difficulties fulfilling their contractual obligations.The legislature used the opportunity to adapt Spain’s procedural sys-tem to requirements under European regulations. This was especially relevant following the judgment of the Court of Justice of the European Union issued on 14 May 2013 which, in response to a preliminary question referred to the Spanish regulation on foreclosure proceedings, held that the impossibility of citing unfair terms under the enforceable instrument as grounds to challenge foreclosures is incompatible with Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfairterms in consumer contracts.This article analyzes the main issues surrounding the new legal regulations, focusing on the impact on foreclosure proceedings and onissues related to the procedural practices.

índice:

1. INTRODUCCIÓN

2. CAMBIOS DE ORDEN SUSTANTIVO CON TRASCENDENCIA PROCESAL

3. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

4. VENTA EXTRAJUDICIAL

5. SUSPENSIÓN DE LOS LANZAMIENTOS

6. REFORMA DEL RD-L 6/2012

7. RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY 1/2013

8. CONCLUSIÓN

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