Los diferentes “estatus jurídicos” que tuvieron los gitanos en nuestra legislación histórica, así como la imprecisión “legal” del término “gitano” –se podía considerar como tal también al que imitaba su forma de vida–, van a impedir dar una respuesta única, seria, eficaz, contundente e inequívoca por parte de la Monarquía a la hora de tomar decisiones ante el problema que los gitanos representaban en la sociedad española del Antiguo Régimen, periodo caracterizado por una evidente crisis demográfica. El presente estudio analiza desde el punto de vista de la Historia del Derecho los distintos estatus jurídicos que ha tenido la población gitana desde su llegada a los diferentes reinos peninsulares, haciendo especial hincapié en la Corona de Castilla, incluida la América “española”, territorio vetado para dicha etnia. Desde su inicial presencia en tierras castellanas los gitanos no han pasado desapercibidos por parte de la Monarquía ni de su aparato político y jurídico durante los siglos comprensivos del denominado Estado moderno. Las respuestas dadas ante su resistencia a cumplir con las normas impuestas por el aparato político se pueden sintetizar en dos: o bien, su definitiva expulsión, o bien, su asimilación represiva como sedentarización forzosa. Se estudia de este modo, además de la prolífica legislación castellana a este respecto, las iniciativas y memoriales de las Cortes de Castilla, así como el punto de vista dado por la literatura jurídica castellana ante el problema que representan los gitanos, fundamentalmente para el que suscribe, una cuestión de orden público. La Pragmática de Carlos III de 1783 dará un nuevo rumbo a la política antigitana.

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