En el Derecho penal actual la exigencia de responsabilidad a particulares que participan en el ejercicio de funciones públicas (es decir, a quienes mediante un acto de la Administración se le transfieren facultades originariamente administrativas), no es el residuo de una categoría histórica, sino la respuesta del legislador penal a la necesidad moderna de romper la rígida distinción entre el funcionario y el particular colaborador de la función pública, dando cabida a supuestos intermedios en los que el interés público reclama, por un lado, la incorporación de elementos profesionales, pero de otro exige también su sometimiento a un orden general y al control penal cuando su actuación sea lesiva para aquel interés. La importancia y el recurso a estas cláusulas penales se incrementan cuando las nuevas técnicas organizativas de la Administración así lo exigen.

índice:

I. Ubicación del tema propuesto.- II. Esfuerzos anticorrupción internacionales.- III. Razones del fenómeno de la corrupción.- IV. Intento de conceptualización del fenómeno. La respuesta penal.- V. Corrupción pública o institucional y corrupción entre particulares.- VI. Conclusiones.

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