Se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas acorde a la nueva regulación que ofrece el Código Penal de 2010 en el art. 31 bis, precepto introducido por LO 5/2010, de 22 de junio, de Reforma del Código Penal. Al admitir dicho precepto una responsabilidad penal directa de la persona jurídica, son muchas las cuestiones que surgen y que han de ser objeto de reflexión. En la búsqueda de una justificación que fundamente la atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas y ante la ausencia de concreción en el art. 31 bis de un modelo claro de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es preceptivo acudir a criterios interpretativos, básicamente con la finalidad de delimitar los presupuestos necesarios para imputar a la persona jurídica el hecho delictivo realizado por la persona física y para exigir su responsabilidad penal.

The article analyzes the criminal liability of legal persons according to the new regulation provided by the 2010 Criminal Code in art. 31a, a provision introduced by LO 5 / 2010 of June 22th, to reform the Criminal Code. Since that provision admitt a direct criminal responsibility of the legal person, there are many issues that arise and to be reflected on. In search of a justification to substantiate the attribution of criminal responsibility to legal persons and in the absence of specificity in the art. 31 bis of a clear model for attributing criminal liability of legal persons, it is mandatory to attend interpretative criteria, in order to define the necessary basis to allocate to the legal person the criminal act caused by the individual and to claim its criminal responsibility.

índice:

I. Introducción. II. Cuestiones previas relativas al contenido del art. 31 bis CP 2010. Presupuestos de reconocimiento de responsabilidad penal a las personas jurídicas. A) Capacidad de acción. B) Capacidad de culpabilidad. III. Modelo de atribución y la denominada “culpabilidad de organización” en el art. 31 bis CP 2010. IV. La responsabilidad de las personas jurídicas en el marco de la UE. V. Reflexión final.