Pese a la existencia de una política de marcado carácter policial y represivo frente al inmigrante ilegal, que no ha sido capaz de frenar el creciente flujo de entrada de «indocumentados», la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, persevera en esa represión contra el «ilegal». Como señala la Exposición de Motivos, la reforma lleva a cabo «una tarea de consolidación y perfeccionamiento» de las medidas relativas a la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración clandestina. Lo que se traduce, entre otros instrumentos que se prevén, en el aumento del marco penal para los que colaboren en la entrada, circulación y estancia irregulares de extranjeros «sean o no trabajadores». Pues bien, en el Código penal coexisten varias figuras delictivas que sancionan la intervención en el traslado transfronterizo de extranjeros «ilegales». Todas ellas giran en torno al fenómeno migratorio, a los desplazamientos de personas que buscan establecerse, de modo temporal o permanente, en país distinto al de su procedencia, un movimiento que está esencialmente condicionado por factores económicos…

índice:

I. Introducción.—II. Sujetos de la inmigración: el «trabajador » clandestino—III. Bien jurídico protegido por el delito de promoción o favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores. 1. La definición del bien jurídico desde la perspectiva sistemática. 1.a). La seguridad jurídica del trabajador. 1.b). Los derechos laborales del inmigrante ilegal. 1.c). Los derechos de los trabajadores españoles a concurrir al mercado de trabajo. 2. El interés estatal en el control del flujo migratorio y la preocupación por la seguridad en el territorio de la Unión Europea como interés supranacional.

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