Ninguna ley, mientras contenga licitud y legitimidad (legalidad constitucional, directa o reflexiva), debe quedar sin ser respetada, porque, si así ocurre, estará afrentando el Estado social y democrático de Derecho; y dentro de él, a los Derechos fundamentales, genéricos y específicos, y a la propia estabilidad social, impeliendo la relación humana a espacios inaceptables de afrentosa anarquía y de peligrosa inseguridad jurídica. Pero nada, ni nadie, deben impedir el cuestionamiento de la ley ante el caso concreto; su crítica, según la realidad social y los fines de concretización de justicia a los que ella se propone, y mediante el contexto de principios y Derechos fundamentales a los cuales esté sujeta...

índice:

1. Introducción.— 2. Valoración normativa, principios constitucionales, prueba e imputación penal.— 3. El correcto repudio constitucional a la ilegalidad en la recogida de pruebas: ¿dogmatismo inflexible?— 4. Otras ponderaciones acerca de la rigidez dogmática.— 5. La necesaria practicidad y el imprescindible carácter socialmente útil en la investigación y en el desarrollo del Derecho punitivo. Comunicabilidad procesal.— 6. Rechazo y aceptación de la prueba hacia la imputación penal.— 7. La prueba y la imputación penal: abstracción y concreción.— 8. La prueba: breves notas del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.— 9. Conclusión.

Número de descargas: 0