La Ley 3/2003, de 14 de marzo surge de la decisión marco adoptada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de 13 de junio del 2002, y constituyó el primer argumento jurídico de la Unión Europea en que se le hace aplicación del principio de reconocimiento mutuo enunciado en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere. En el intento de crear una verdadera comunidad de derecho, en el que se aseguren la plena protección jurídica de los ciudadanos, y en donde la lesión de tales derechos cuente con la respuesta de un sistema social sin fronteras dentro de la Unión de Estados Europeos, se inserta el principio de reconocimiento mutuo, permitiendo con la ejecución práctica y automática de las resoluciones dictadas por Autoridades judiciales de los Estados miembros, en rigor y como se ha destacado doctrinalmente, esta ley constituye un proceso de extradición europeo, sustituyendo los procedimientos extradicionales tradicionales por un nuevo procedimiento de entrega de personas sospechosas de cometer un delito o de eludir la acción de la justicia después de haber sido condenada por una sentencia firme...

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