Se analizan diversas concepciones en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, apostándose por una imputación directa de hechos delictivoscomo consecuencia de decisiones ejecutivas de los órganos de dirección y administradores de hecho o de derecho. Se cuestiona que los defectos de organización o la ausencia del debido control puedan ser el objeto de imputación. Se afirma la perfecta adecuación dogmática de la responsabilidad de entes colectivos con la concepción significativa de la acción y se cuestiona el sistema introducido por el artículo 31 bis del Código Penal.

índice:

I. Necesidad político-criminal de abordar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.– II. Los principales inconvenientes dogmáticos: A) La capacidad de acción. B) La culpabilidad.– III. ¿La solución?– IV. La reforma de 2010.