En el presente trabajo se analizan determinados aspectos del delito del art. 420 del Código penal español, tratando de comprender su verdadero alcance y de identificar la estrategia político-criminal a que han obedecido las últimas reformas y modificaciones legales en el ámbito del cohecho impropio. Todo ello lleva a abogar por una nueva y doble intervención legislativa que, además de reservarle al cohecho por actos discrecionales penas más graves que al cohecho por actos reglados, refleje -también desde un punto de vista formal o sistemático- las diferencias cualitativas existentes entre los supuestos en que el funcionario solicita prestaciones económicas por actos reglados y conformes a derecho (a tratar en sede de exacciones ilegales) y aquellos otros en que se limita a admitir dádiva o a aceptar promesa. 

In 2010 and 2015 the Spanish Penal Code was amended to introduce new and improved provisions on the bribery of public officials. This study aims to give an analysis of section 420, which deals with the less serious bribery offence, where a public official requests or accepts a gift, favour or benefit of any kind to perform an act inherent to his or her function. Taking into account the objective seriousness of the conduct induced or rewarded by the bribe, this paper presents the proposal to divide these basic bribery offences into two main categories which differ in in terms of objective and subjective grounds for criminal punishment: bribery involving discretionary acts and bribery involving regulated acts. 

Palabras Clave:
Cohecho, actos discrecionales de la Administración, estrategias anti-corrupción, reforma del Código penal

Keywords:
Bribery, Discretionary decisions, anti-corruption strategies, penal reform

índice:

I. Consideraciones previas. II. Los “actos propios del cargo” como objeto de cohecho: una primera caracterización. III. La desaparición del cohecho por actos “no prohibidos legalmente” tras la reforma penal de 2010: algunas consecuencias. IV. La necesidad de abordar la disciplina del cohecho impropio a partir de la distinción entre actividades regladas y discrecionales de la Administración. 1. Argumentos relacionados con el principio de proporcionalidad de las sanciones penales. 2. Argumentos relacionados con la naturaleza de las solicitudes por actos “justos” de carácter reglado. V. Conclusiones y propuestas finales.

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