La aprobación el 1 de julio de 1985 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) supuso en su momento un avance de enorme importancia en cuanto a la reforma de nuestro sistema judicial se refiere. No había habido otra de tanta trascendencia desde que se promulgara su predecesora, la Ley de 1870, cuyos principios, a pesar de las reformas, han subsistido prácticamente hasta la entrada en vigor de aquélla. La entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el cambio político que con la misma se lleva a cabo, determinó la inmediata necesidad de afrontar una renovación de nuestras instituciones judiciales las exigencias derivadas del nuevo marco constitucional, sobre todo en lo que se refiere al Poder Judicial.

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I. LÍNEAS GENERALES DE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 19/2003, DE 23 DE DICIEMBRE. II. REFORMAS PROCESALES. 1. Consideraciones generales. 2. Abstención y recusación. 3. Antejuicio para exigir responsabilidad penal a jueces y magistrados. 4. Ejecución provisional de sentencias. 5. Nulidad de actuaciones y remedios contra la omisión involuntaria de pronunciamientos; de nuevo la incongruencia como causa de nulidad. 6. Atribuciones judiciales de los secretarios judiciales. Incidencia de la supresión de las habilitaciones en el proceso penal. Los decretos. 7. Modificación de las reglas de competencia objetiva y territorial en los procesos para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. 8. Los juicios rápidos civiles. 9. La atribución a los procuradores de la potestad para practicar notificaciones. 10. Días y horas hábiles. Inhabilidad de los sábados y de los días 24 y 31 diciembre. 11. La reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa.

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